La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina denunció este martes una segunda ola de despidos en ese país suramericano tras la llegada al poder del presidente Javier Milei.

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De acuerdo con la organización sindical, se sumaron 550 despidos a los 7.000 trabajadores que habían quedado cesantes la semana pasada.

La Asociación convocó a una reunión extraordinaria para evaluar medidas contra el ajuste al sector público y fueron analizadas las denuncias sobre cientos de cesantías, sanciones y traslados compulsivos, así como el impacto del mega DNU 70/2023, el decreto 84/2023 y la Ley Ómnibus.

En este sentido, la ATE exigió la reincorporación de todos los despedidos y lanzó una nueva Jornada Nacional de Lucha para el próximo 15 de enero, con modalidad de protesta a definir en cada provincia de la nación, y anunció un paro general de actividades el 24 de enero con movilización.

“Son las argentinas y argentinos de bien los que están quedando en la calle por decisión de este Gobierno”, destacó el Secretario General, Rodolfo Aguiar, quien aseguró además que «es el propio Gobierno el que está quebrantando la paz social. No sólo por las cesantías sin causa justificada, sino fundamentalmente por poner en riesgo el funcionamiento de numerosos organismos del Estado».

En esta jornada, los trabajadores del Ministerio de Cultura realizaron una asamblea y un ruidazo en el Centro Cultural Nestor Kirchner para denunciar 182 despidos que se anunciaron en ese sector.

Por su parte, el Gobierno argentino suspendió el acceso a créditos sociales para jubilados y pensionados que se otorgaban por medio de un programa de financiamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La decisión entró en vigencia este martes y fue justificada por el Gobierno como una manera de resguardar la rentabilidad del fondo de garantía de sustentabilidad.

Por ello, el Centro Nacional de Jubilados de ATE también se reunió para acordar llevar adelante una jornada de protesta el día 10 de enero para reclamar por todas las medidas que atentan contra sus derechos.

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